La pandemia de Covid-19 nos ha enfrentado a una realidad plagada de incertidumbre. Sobre la marcha, a medida que el virus se extendía amenazante por todo el mundo, tuvimos que ir aprendiendo cómo se comportaba este microorganismo que resultó
ser terriblemente contagioso. El reto era cómo extender nuestro conocimiento para adoptar medidas de protección contra el virus, aprovechar los avances tecnológicos para sortear el confinamiento e idear soluciones a los graves problemas económicos
y sociales, derivados de la crisis sanitaria.
Para los gobiernos, el contexto de incertidumbre los obligó a determinar qué tanto ejercer la autoridad del Estado para enclaustrar a la población como medida para protegerla frente a la pandemia, limitando con ello el ejercicio de sus libertades y
derechos; qué políticas y programas impulsar para compensar la pérdida de ingresos, de empleos, la caída de la actividad económica y del acceso a bienes y servicios, en un escenario catastrófico que sabemos bien agudiza las estructurales desigualdades sociales.