La corrupción es un fenómeno cotidiano de consecuencias adversas en todos los ámbitos, que erosiona la certidumbre en las instituciones y desgasta la relación de confianza entre el ciudadano y sus representantes. Ante esta realidad y conscientes de la responsabilidad que tenemos para promover una gestión que salvaguarde la legalidad, destacamos con especial atención la entrada en vigor de la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción y la obligación de cumplir la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas.

En el Senado de la República estamos convencidos de la importancia que tiene consolidar el marco de supervisión y control de los actos administrativos, por eso reconocemos la pertinencia de fortalecer, en todo tiempo y de manera permanente el compromiso individual ético del servidor público, de cada uno de nosotros. Es así como entendemos el ejercicio de la ética: “como la reflexión crítica, constante y cotidiana que contribuya a determinar nuestro quehacer”. La ética es la brújula que marca la misión y el propósito que tenemos al estar a cargo de la gestión de recursos públicos para responder, con efectividad, honradez e imparcialidad, la función de servidores públicos que hemos aceptado desempeñar.

Celebramos que en la instrumentación del Sistema Nacional Anticorrupción se precise cabalmente la corresponsabilidad que existe entre el sector público y privado, lo que nos lleva a promover un acercamiento con otros ámbitos, como el universitario y el de centros de investigación para aportar miradas, desde una perspectiva académica y formativa, que refuercen la trascendencia y el compromiso que tenemos los servidores público.